Los términos que aparecen en un requerimiento, en unos estatutos o en una notificación de Hacienda, explicados para quien no es jurista.
Cada entrada define el término en pocas líneas y enlaza a la página donde lo desarrollamos con su procedimiento, sus plazos y sus cifras. Aquí no hay importes ni porcentajes a propósito: esos cambian con cada reforma y viven en las páginas de servicio, que se revisan.
Persona que gestiona y representa a una sociedad frente a terceros. No es lo mismo que socio: se puede ser socio sin administrar y administrar sin ser socio. El cargo conlleva deberes propios —llevar la contabilidad, formular cuentas, convocar juntas— y una responsabilidad personal que puede activarse cuando esos deberes se incumplen.
Ver liquidación de sociedades →Operación por la que una sociedad aumenta su capital social, bien emitiendo nuevas participaciones, bien elevando el valor de las existentes. Se acuerda en junta, se eleva a escritura pública y se inscribe en el Registro Mercantil. Cambia el reparto de poder entre socios, así que conviene mirarla antes desde el lado societario y no solo desde el contable.
Ver operaciones societarias →Administrador o socio con control efectivo de una sociedad que, por ese cargo, cotiza en el RETA en lugar de en el Régimen General. Es el punto donde lo mercantil y lo fiscal se tocan: constituir una SL no libra de ser autónomo, y el tipo de alta depende del porcentaje de participación y de si se ejerce la dirección efectiva.
Ver alta de autónomo →Cantidad sobre la que se calcula lo que un trabajador autónomo paga a la Seguridad Social cada mes. No es lo que se factura ni lo que se gana: es una base que se sitúa dentro de un tramo determinado por los rendimientos netos previstos. De ella dependen también las prestaciones futuras, así que elegirla a la baja tiene consecuencias más allá de la cuota.
Ver alta de autónomo →Envío certificado con acuse de recibo y certificación del contenido: acredita qué se dijo, a quién y cuándo. En una reclamación de deuda es la forma habitual de dejar constancia del requerimiento de pago antes de acudir a los tribunales, y sirve además para interrumpir la prescripción. Un correo electrónico rara vez ofrece la misma fuerza probatoria.
Ver reclamación de impagados →Extinción de un derecho o de un procedimiento por el mero transcurso del tiempo fijado para ejercerlo. A diferencia de la prescripción, no se interrumpe: el plazo corre y se agota, hagas lo que hagas. En el ámbito administrativo también caduca el procedimiento cuando la Administración no lo resuelve dentro del tiempo del que dispone. Ver Prescripción.
Ver sanciones administrativas →Cifra que los socios aportan a la sociedad y que figura en los estatutos y en el Registro Mercantil. Funciona como garantía frente a terceros y como referencia para repartir participaciones, votos y dividendos. Puede aportarse en dinero o en bienes valorables, y su cuantía condiciona algunas obligaciones posteriores de la sociedad.
Ver constitución de sociedad limitada →Orden jurisdiccional que revisa la actuación de las Administraciones públicas. Es a donde se acude cuando la vía administrativa se ha agotado y la resolución sigue sin ser aceptable: un juez, ya no la propia Administración, decide si el acto se ajusta a derecho. Requiere abogado y procurador, y sus tiempos son más largos que los de la vía administrativa.
Ver recursos contencioso-administrativos →Primer paso del cierre de una sociedad: el acuerdo por el que deja de operar con normalidad y entra en fase de liquidación. La sociedad no desaparece al disolverse, sigue existiendo para pagar deudas y repartir lo que quede. Confundir disolución con cierre definitivo es el error que deja sociedades a medio extinguir durante años.
Ver liquidación de sociedades →Cualidad de un acto administrativo que permite a la Administración exigir su cumplimiento, incluso de forma forzosa. En materia sancionadora la ley la retrasa: la sanción no es ejecutiva mientras quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa. Agotada esa vía sí lo es, y frenarla exige pedir medidas cautelares al juzgado.
Ver sanciones administrativas →Código del Impuesto sobre Actividades Económicas que clasifica la actividad que se va a ejercer. Se elige al darse de alta en Hacienda y condiciona el régimen de IVA aplicable, las obligaciones de facturación y a veces las bonificaciones. Elegir un epígrafe que no describe bien lo que se hace es una de las correcciones más frecuentes en altas hechas con prisa.
Ver alta de autónomo →Norma interna de la sociedad: recogen su objeto, domicilio, capital, órgano de administración y reglas de funcionamiento. Se aprueban al constituirla y se inscriben en el Registro Mercantil. Redactarlos como plantilla genérica sale barato el primer día y caro cuando aparece el primer desacuerdo entre socios o una operación que los estatutos no previeron.
Ver constitución de sociedad limitada →Régimen del IRPF en el que el rendimiento de la actividad se calcula restando los gastos deducibles de los ingresos reales. Es el régimen general para la mayoría de autónomos, frente a los módulos, y exige llevar registros de ingresos, gastos y bienes de inversión. Tiene una modalidad simplificada con obligaciones formales más ligeras.
Ver declaración de renta de autónomos →Último paso del cierre: la sociedad se cancela en el Registro Mercantil y deja de existir. Solo llega después de disolver y liquidar, es decir, de pagar deudas y repartir el remanente. Una sociedad inactiva que nunca se extingue sigue acumulando obligaciones formales y responsabilidades para su administrador.
Ver liquidación de sociedades →Gastos que pueden restarse de los ingresos para calcular el rendimiento de la actividad. Para serlo deben estar vinculados a la actividad, correctamente justificados con factura y anotados en los libros registro. La vinculación con la actividad es donde se juegan casi todas las discusiones con Hacienda, no en el importe.
Ver declaración de renta de autónomos →Impuesto sobre la Renta de no Residentes: grava las rentas obtenidas en España por quien no reside fiscalmente aquí. Afecta sobre todo a inmuebles —por su uso, por su alquiler o por su venta— y funciona con reglas y modelos distintos a los del IRPF. Ser propietario en España sin vivir en España genera obligaciones aunque el inmueble esté vacío.
Ver declaración de renta de no residentes →Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: grava lo que gana una persona a lo largo del año, incluidos los rendimientos de una actividad económica. El autónomo lo adelanta mediante pagos fraccionados a lo largo del ejercicio y lo regulariza en la declaración anual.
Ver declaración de renta de autónomos →Impuesto sobre el Valor Añadido: se repercute al cliente en la factura y se ingresa en Hacienda, descontando el soportado en las compras de la actividad. El autónomo o la empresa actúan como recaudadores, no como contribuyentes: el IVA cobrado nunca fue suyo, y tratarlo como ingreso disponible es un problema de tesorería clásico.
Ver asesoría para autónomos →Procedimiento judicial que parte de un título que ya lleva aparejada ejecución y permite ir directamente contra el patrimonio del deudor, sin discutir de nuevo si la deuda existe. Los motivos de oposición son tasados y estrechos. Es la vía cuando existe ese título; si no, el camino habitual es el monitorio.
Ver reclamación de impagados →Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998): la norma que fija cómo se recurre ante los tribunales la actuación de la Administración. Regula quién puede recurrir, ante qué órgano, en qué plazos y con qué medidas cautelares. Es el manual de instrucciones del pleito contra la Administración.
Cómo funciona el recurso, plazo a plazo → Ver recursos contencioso-administrativos →Decisiones que adopta el juez mientras dura el pleito para que la sentencia no llegue tarde. La más frecuente frente a la Administración es suspender la ejecución del acto recurrido. No se conceden por pedirlas: el tribunal valora si ejecutar el acto haría que el recurso perdiera su sentido y pondera los intereses en juego.
Ver recursos contencioso-administrativos →Declaración censal con la que una persona o una sociedad se da de alta, modifica datos o se da de baja ante Hacienda. En ella se declaran la actividad, el epígrafe, el régimen de IVA y las obligaciones periódicas. El 037 es la versión simplificada, disponible solo para determinados perfiles.
Ver alta de autónomo →Declaración trimestral con la que el autónomo en estimación directa adelanta a Hacienda una parte del IRPF de su actividad. Lo que se ingresa cada trimestre se descuenta después en la declaración anual, así que no es un impuesto aparte sino un anticipo del mismo.
Ver declaración de renta de autónomos →Declaración del IRNR con la que un no residente liquida las rentas que obtiene en España: la imputación por tener un inmueble a su disposición, los alquileres que cobra o la ganancia al vender. Se presenta por cada renta y con plazos propios, distintos de la campaña de renta española.
Ver declaración de renta de no residentes →Nombre común de la estimación objetiva: régimen del IRPF en el que el rendimiento no se calcula por ingresos y gastos reales, sino aplicando indicadores fijados por Hacienda para determinadas actividades. Puede beneficiar o perjudicar según cómo vaya el negocio, porque se tributa por lo estimado aunque se haya ganado menos.
Ver declaración de renta de autónomos →Procedimiento judicial rápido para reclamar deudas dinerarias que consten en documentos. El juzgado requiere de pago al deudor: si no paga ni se opone, se obtiene un título con el que ejecutar directamente; si se opone, el asunto pasa al juicio que corresponda. Es la vía habitual para facturas impagadas entre empresas.
Ver reclamación de impagados →Descripción, en los estatutos, de las actividades a las que se dedica la sociedad. Delimita lo que la sociedad puede hacer y lo que sus administradores pueden comprometer. Definirlo demasiado estrecho obliga a modificar estatutos cada vez que el negocio se mueve; definirlo como un cajón de sastre genera reparos en el Registro.
Ver constitución de sociedad limitada →Acuerdo privado entre los socios que regula lo que los estatutos no recogen: entrada y salida de socios, mayorías reforzadas, no competencia, resolución de bloqueos. Obliga a quienes lo firman, pero no siempre despliega efectos frente a la sociedad o frente a terceros, y esa diferencia es la que conviene entender antes de firmarlo.
Ver operaciones societarias →Documento que fija las reglas de una licitación pública: qué se contrata, qué requisitos hay que cumplir, cómo se puntúa y cómo se ejecuta el contrato. Es la ley del contrato. La mayoría de las exclusiones en contratación pública no vienen de la oferta, sino de no haber leído el pliego con la atención que merece.
Ver contratación del sector público →Situación de quien cotiza a la vez en el Régimen General por un trabajo por cuenta ajena y en el RETA por una actividad por cuenta propia. Es legal y frecuente. Al cotizar dos veces pueden corresponder ajustes y bonificaciones, y conviene revisar antes si el contrato o el convenio imponen exclusividad.
Ver preguntas frecuentes →Pérdida de la posibilidad de exigir un derecho por no haberlo reclamado durante el tiempo que fija la ley. A diferencia de la caducidad, se interrumpe: una reclamación fehaciente reinicia el cómputo desde cero. Por eso el burofax importa tanto en las deudas. Ver Caducidad.
Ver reclamación de impagados →Recurso administrativo contra actos que no agotan la vía administrativa; lo resuelve el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. Es obligatorio antes de acudir a los tribunales cuando procede, de modo que saltárselo cierra la puerta del contencioso.
Ver derecho administrativo →Recurso administrativo contra actos que ya agotan la vía administrativa; lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto. Es potestativo: puede interponerse o acudirse directamente al contencioso. Elegir mal entre reposición y alzada puede costar el asunto por presentarlo fuera de plazo.
Ver derecho administrativo →Vía de impugnación propia de la contratación pública, ante un tribunal administrativo específico y con plazos muy breves. Permite atacar pliegos, actos de exclusión o adjudicaciones antes de que el contrato se ejecute. Su fuerza está en la rapidez, y esa rapidez es también su exigencia.
Ver contratación del sector público →Registro público donde se inscriben las sociedades y los actos que les afectan: constitución, cambios de administrador, ampliaciones de capital, disolución. Lo inscrito se presume conocido por todos, y de ahí su valor: lo que no está inscrito difícilmente puede oponerse a un tercero de buena fe.
Ver constitución de sociedad limitada →Procedimiento por el que la Administración exige devolver una subvención ya cobrada, total o parcialmente, cuando entiende que no se cumplieron las condiciones o que la justificación fue insuficiente. Se resuelve con un expediente contradictorio en el que cabe alegar, y termina siendo el momento más delicado de toda la vida de una ayuda.
Ver subvenciones y ayudas públicas →Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: el régimen de la Seguridad Social en el que cotiza quien trabaja por cuenta propia. Determina la cuota mensual, la base de cotización y las prestaciones a las que se tiene derecho. Darse de alta en Hacienda y darse de alta en el RETA son dos trámites distintos que a veces se confunden.
Ver alta de autónomo →Efecto que la ley atribuye a la falta de respuesta de la Administración dentro del plazo del que dispone para resolver, regulado en la Ley 39/2015. Según el procedimiento, ese silencio se entiende estimatorio o desestimatorio. No equivale a que el asunto haya terminado: la Administración sigue obligada a resolver expresamente.
Ver el silencio administrativo →Nombre habitual de la cuota reducida que puede aplicarse durante los primeros tiempos de alta en el RETA a quien cumple determinados requisitos. No es automática ni indefinida, y perderla por no cumplir alguna condición supone volver a la cuota que corresponda por tramo.
Ver alta de autónomo →Tribunal de Justicia de la Unión Europea: garantiza que el Derecho de la Unión se interprete y aplique igual en todos los Estados miembros. Resuelve cuestiones planteadas por los tribunales nacionales y asuntos como los de ayudas de Estado, cuya doctrina puede condicionar directamente una licitación o una ayuda pública en España.
Ver Bruno Ángel Pérez Conde →Conjunto de trámites y recursos que se sustancian ante la propia Administración antes de poder acudir a los tribunales. Agotarla es requisito para el contencioso en la mayoría de los casos. Es también la fase más barata y rápida para corregir un error, y por eso conviene tomarla en serio y no como un mero trámite.
Ver derecho administrativo →Cuéntanos qué necesitas y te responde el abogado del área, no una centralita. Si tu asunto toca varias áreas, mejor: para eso está el despacho.
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