La Administración ha decidido. Todavía se puede recurrir.

Es la vía judicial para impugnar una resolución de la Administración ante los tribunales, regulada por la Ley 29/1998 (LJCA). Procede cuando la Administración ha dictado un acto que te perjudica —una liquidación tributaria, una licencia denegada, una sanción, la retirada de una subvención— y, por regla general, una vez agotada la vía administrativa previa. Es el momento en que un juez, y no la propia Administración, revisa si la decisión se ajusta a derecho.

Contra un acto expreso, dos meses desde su notificación (art. 46 de la LJCA). El caso del silencio administrativo es distinto y poca gente lo explica bien: la letra del artículo preveía seis meses para el acto presunto, pero el Tribunal Constitucional, en la STC 52/2014 y en doctrina seguida por el Tribunal Supremo, estableció que la desestimación por silencio no está sujeta a ese plazo de caducidad. El silencio negativo es solo una ficción para permitirte acceder a los tribunales, no un acto que te penalice por el incumplimiento del deber de resolver de la Administración: mientras ese deber de resolver subsista, puedes recurrir. Por eso, si te han dado la callada por respuesta, no des por perdido el plazo sin que lo revisemos.

Por regla general, sí: el contencioso se dirige contra actos que ponen fin a la vía administrativa. Según el caso, eso supone interponer antes un recurso de alzada (obligatorio) o de reposición (potestativo). Determinar si el acto ya agota la vía o si hace falta un recurso previo es de las primeras cosas que revisamos, porque acudir antes de tiempo puede hacer que el recurso se inadmita.

Sí. A diferencia de algunos recursos administrativos, en la jurisdicción contencioso-administrativa es preceptiva la intervención de abogado y procurador. Nosotros asumimos la dirección letrada y coordinamos con el procurador, de modo que tú tratas con un único interlocutor durante todo el procedimiento.

En el contencioso rige, como regla general, el criterio del vencimiento: quien ve rechazadas todas sus pretensiones puede ser condenado a pagar las costas de la otra parte, aunque el tribunal puede modularlas o no imponerlas si el caso presenta serias dudas. Es un riesgo real que te explicamos desde el principio, con franqueza, para que decidas con toda la información.

Los tiempos de la Justicia contencioso-administrativa son largos y varían mucho según el órgano y la carga de trabajo. Esa lentitud no siempre juega en tu contra: en ocasiones el paso del tiempo es ventajoso para tu posición. Te damos una previsión realista al valorar el asunto y te decimos con honestidad si el recorrido compensa el tiempo y el coste.

Depende de la complejidad del asunto, de la instancia y de la cuantía, e incluye la dirección letrada y el procurador. No trabajamos con una tarifa única; definimos el encargo contigo y cerramos el precio en la primera consulta con presupuesto cerrado antes de empezar, informándote también del riesgo de una eventual condena en costas.